La reciente decisión judicial de sustituir la prisión por arresto domiciliario en el caso de Ofelia Taitelbaum Yoselewich, condenada por delitos contra la función pública, ha generado una comprensible inquietud social. No se trata de una reacción impulsiva ni de un juicio mediático, sino de una preocupación legítima sobre los mensajes que el sistema de justicia transmite a la ciudadanía cuando se trata de la ejecución de las penas en casos de corrupción.
Desde FUNPREDE consideramos indispensable abordar este tema con serenidad, pero también con firmeza. El respeto a los derechos humanos y al principio de humanidad de la pena es un pilar del Estado de Derecho; sin embargo, ese principio no puede interpretarse de forma aislada ni convertirse en un mecanismo que, en la práctica, termine debilitando la confianza pública en la justicia penal, en abrirse portillos legales para privilegiados políticos.
Los delitos contra la función pública no afectan únicamente a una institución o a un presupuesto determinado. Su impacto es estructural: erosionan la fe pública, normalizan el abuso del poder y generan un profundo sentimiento de desigualdad ante la ley. Por esa razón, la sanción penal en este tipo de casos cumple una función que trasciende a la persona condenada; tiene un valor simbólico y preventivo que resulta esencial para la salud democrática del país.
La sustitución de la prisión por arresto domiciliario, especialmente cuando ocurre sin que se haya cumplido una porción significativa de la pena impuesta, plantea interrogantes razonables. Aunque el ordenamiento jurídico contempla medidas diferenciadas para personas adultas mayores o con condiciones de salud particulares, dichas disposiciones deben aplicarse con extrema cautela, evitando que sean beneficios selectivos reservados para determinada elite social.
Uno de los mayores riesgos de decisiones de esta naturaleza es la consolidación de una justicia desigual: severa con quienes carecen de poder o visibilidad, y flexible con quienes han ocupado posiciones privilegiadas dentro del aparato estatal. Esta percepción no es un asunto menor. Desde una perspectiva criminológica, debilita el efecto disuasorio de la ley penal y alimenta el convencimiento de que la corrupción, cuando la sanción sea benigna o no conlleva consecuencias reales.
La prevención del delito no se construye únicamente a partir de normas , sino de la coherencia entre el discurso institucional y la práctica judicial. Cuando la ejecución de la pena se percibe como indulgente o desconectada del daño causado, el mensaje social es claro y peligroso: infringir la ley puede resultar tolerable si se cuenta con políticas y socioeconómicas adecuadas.
FUNPREDE respeta la independencia de los tribunales y reconoce la complejidad de las decisiones en materia de ejecución penal. No obstante, sostenemos que estas resoluciones deben estar acompañadas de una motivación robusta, transparente y comprensible para la ciudadanía. La legitimidad de la justicia no depende solo de su legalidad formal, sino de la equidad y la proporcionalidad.
El caso de Ofelia Taitelbaum Yoselewich debe servir como un punto de reflexión colectiva sobre cómo se combate la corrupción en Costa Rica y qué tipo de justicia se está consolidando. La lucha contra el delito y la defensa de la ética pública exigen coherencia, igualdad ante la ley y un compromiso real con el interés social.
FUNPREDE reafirma su posición a favor de una justicia que no distinga entre apellidos, cargos o trayectorias de poder, y que coloque en el centro la prevención del delito, la confianza ciudadana y la dignidad del orden jurídico.