
En Costa Rica, la justicia perdió el rumbo.
Y no por culpa del pueblo, sino por un sistema que se juzga a sí mismo, se protege a sí mismo y se premia a sí mismo.
Hoy, la Inspección Judicial funciona como un círculo cerrado, donde los mismos que deben investigar son los mismos que deben sancionar.
¿El resultado?
Impunidad, lentitud y amiguismos y vagancia.
Cuando un funcionario judicial es denunciado, no enfrentan consecuencias reales.
Por el contrario:
- Los premian con suspensiones con goce de salario.
En la práctica, esto significa vacaciones pagadas, mientras la víctima espera y el expediente duerme.
- Piden por ley pensiones juveniles, como el caso de funcionarios del OIJ para jubilarse a los 55 años.
Un sistema que permite retiros tempranos antes de rendir cuentas, crea el incentivo perfecto para tapar la corrupción, no combatirla.
- Y casos como el del ex magistrado Celso Gamboa lo demostraron:
Tuvo múltiples procesos, señalamientos y escándalos… pero aun así se mantuvo años dentro de la Corte, protegido por un sistema disciplinario que no funciona.
Costa Rica está cansada de que las élites judiciales vivan bajo reglas distintas: reglas que les dan poder, privilegios y protección, pero que niegan justicia a la ciudadanía.
FUNPREDE dice basta.
- Costa Rica necesita un verdadero contrapeso: un órgano externo, independiente y ciudadano.
Un órgano que NO dependa del Poder Judicial.
Un órgano que NO esté compuesto por jueces, fiscales ni amigos de la Corte.
Un órgano que pueda investigar, suspender y recomendar destituciones rápido.
Por eso proponemos la creación de la:
Autoridad Independiente de Integridad Judicial (AIIJ)
Sus funciones serían claras, firmes y transparentes:
- Recibir denuncias digitales y trazables
- Investigar con plazos obligatorios de 30 a 90 días
- Suspender provisionalmente sin goce de salario en casos graves
- Realizar audiencias públicas, no secretas
- Recomendar destituciones reales, no simbólicas
- Denunciar penalmente sin pedir permiso a la Corte Suprema
- Evitar pensiones tempranas hasta que se cierre cualquier proceso disciplinario o penal
La ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen los operadores de justicia.
Y Costa Rica tiene derecho a un sistema disciplinario que no sea un club de amigos.
Costa Rica merece una justicia limpia.
Costa Rica merece un Poder Judicial controlado por la ley, no por el amiguismo.
Costa Rica merece una reforma valiente.**
Porque la justicia no puede seguir siendo una zona de privilegios.
Debe ser un espacio de integridad, transparencia y verdadera responsabilidad.
Jesús Barrantes
Abogado de FUNPREDE