La Fundación para la Prevención del Delito y la Justicia Social (FUNPREDE) considera que la política criminal costarricense frente a la delincuencia organizada requiere una reforma técnica, estratégica y criminológicamente más sofisticada. FUNPREDE no tiene color político, por ende algunas cosas realizadas por el gobierno, las apoya y otras no, ya que su enfoque es una Política Criminal Eficiente y Eficaz.
FUNPREDE está de acuerdo en el malestar expresado por el gobierno del Ex presidente Rodrigo Chaves y por la actual presidenta Laura Fernández respecto al crecimiento de la criminalidad organizada, la percepción de impunidad, las limitaciones estructurales y los casos de corrupción del sistema penal costarricense. En ese punto, existe una preocupación legítima que comparte gran parte de la ciudadanía y FUNPREDE.
Sin embargo, FUNPREDE considera que el enfoque utilizado para enfrentar el problema ha sido técnicamente insuficiente desde la perspectiva de la política criminal moderna. El fenómeno de la delincuencia organizada no puede abordarse únicamente mediante confrontaciones institucionales , discursos de endurecimiento penal o propuestas centradas únicamente en ampliar la infraestructura penitenciaria.
La política criminal contemporánea exige conocimiento especializado en criminología, estructuras criminales complejas, inteligencia financiera, análisis de redes delictivas y mecanismos procesales estratégicos orientados a la desarticulación funcional de las organizaciones criminales.
Las estructuras criminales operan mediante esquemas de jerarquización interna, administración financiera, logística, coordinación operativa y distribución de funciones. En consecuencia, no todos los sujetos vinculados a una organización poseen la misma relevancia criminógena ni el mismo nivel de responsabilidad estratégica dentro del aparato criminal. Precisamente por ello, la respuesta punitiva del Estado debe ser diferenciada y proporcional, de manera que la severidad de la pena dependa tanto de la gravedad del delito cometido como de la posición funcional que cada sujeto ocupaba dentro de la estructura.
FUNPREDE considera necesaria una reforma procesal penal que permita mecanismos de negociación penal más amplios y técnicamente regulados que los actuales criterios de oportunidad restrictivos. Estos mecanismos deben permitir acuerdos entre el Ministerio Público y personas cuya intervención haya sido periférica, secundaria o de escasa lesividad dentro de la organización criminal, siempre que la colaboración ofrecida sea idónea, verificable y eficaz para la desarticulación de la estructura delictiva.
Dichas negociaciones procesales, posteriormente homologadas y controladas jurisdiccionalmente por los tribunales de justicia, podrían convertirse en herramientas estratégicas para identificar niveles superiores de organización criminal, estructuras financieras, esquemas de legitimación de capitales, redes de corrupción y sistemas logísticos de operación.
Sin embargo, estos beneficios jamás deberían aplicarse a sujetos con capacidad de dirección, planificación, financiamiento, coordinación operativa o control funcional de la organización criminal, quienes deben enfrentar respuestas penales considerablemente más severas debido a su nivel de dominio y peligrosidad dentro de la estructura.
FUNPREDE sostiene que combatir eficazmente la delincuencia organizada requiere menos reacción simbólica y más estrategia criminológica. El verdadero éxito de una política criminal no debe medirse únicamente por la cantidad de personas encarceladas, sino por la capacidad real del Estado de destruir las estructuras criminales que producen violencia, corrupción e inseguridad.