Costa Rica enfrenta una de las mayores crisis de criminalidad de su historia. Frente a esa realidad, el Gobierno de la República, en la figura de Laura Fernández, ha impulsado la propuesta bajo el expediente legislativo N.°:25.619 que busca mantener los antecedentes penales de manera permanente para las autoridades judiciales y policiales, pero conservarlos durante quince años para fines laborales.

Desde FUNPREDE consideramos que la iniciativa contiene un avance importante, pero también una debilidad que merece un análisis criminológico.

La evidencia científica demuestra que el historial delictivo es uno de los principales predictores de reincidencia, tal como lo han señalado autores como Travis Hirschi desde la teoría del control social y Robert Sampson y John Laub en sus estudios sobre trayectorias delictivas. Por esa razón, resulta correcto que jueces, fiscales, el Organismo de Investigación Judicial y las autoridades penitenciarias tengan acceso permanente y confidencial a los antecedentes penales. Esa información permite valorar adecuadamente la reincidencia, el riesgo criminal y la procedencia de beneficios procesales y penitenciarios. En este punto, la propuesta avanza en la dirección correcta y eso es lo bueno.

Sin embargo, el mismo rigor técnico no parece haberse aplicado al establecer un plazo de quince años para los antecedentes utilizados con fines laborales, una vez cumplida la pena. El ex privado de libertad con un modus vivendi criminal en su ultima pena, se le va hacer imposible encontrar un trabajo honesto con su hoja de delincuencia manchada por un plazo de 15 años, por ende, es lógico de esperar que estando completamente libre vuelva a delinquir como en el pasado y eso es lo malo.

La criminología moderna ha demostrado que el empleo estable constituye uno de los principales factores protectores contra la reincidencia. Desde la teoría del desistimiento del delito, autores como Shadd Maruna y nuevamente Sampson y Laub han evidenciado que la inserción laboral fortalece los vínculos sociales y reduce la probabilidad de reincidir. Numerosos estudios internacionales concluyen que una persona que logra incorporarse al mercado laboral formal tiene mayores probabilidades de abandonar definitivamente la actividad delictiva remunerativa.

Entonces surge una pregunta que debe responderse con criterios científicos y no únicamente políticos:

¿Qué ocurre cuando el propio Estado dificulta durante quince años el acceso al trabajo formal de una persona que ya cumplió su condena?

Si esa persona no consigue empleo, no posee recursos para emprender un negocio y anteriormente obtenía sus ingresos mediante actividades delictivas, el riesgo de reincidencia puede aumentar. Desde la teoría de la anomia de Robert K. Merton y la teoría de la tensión general de Robert Agnew, se ha explicado cómo la falta de oportunidades legítimas puede empujar a algunos individuos hacia conductas delictivas. Esto no significa que toda persona condenada volverá a delinquir, pero sí implica que las políticas públicas deben evitar crear factores criminógenos que favorezcan ese riesgo.

Asimismo, la teoría del etiquetamiento de Howard Becker advierte que la estigmatización prolongada puede reforzar identidades desviadas y dificultar la reintegración social. Mantener antecedentes visibles durante largos periodos en el ámbito laboral puede contribuir a ese proceso de exclusión.

La política criminal moderna debe buscar un equilibrio entre seguridad ciudadana y reinserción social. Mantener antecedentes permanentes para uso exclusivo del sistema de justicia fortalece la prevención y la persecución del delito; convertir esos antecedentes en una barrera prolongada para acceder al empleo puede producir el efecto contrario al que se pretende y eso es lo feo, porque no lo analizo bien el gobierno.

Desde FUNPREDE hacemos un llamado respetuoso a la Asamblea Legislativa para que este proyecto sea enriquecido con evidencia científica proveniente de la criminología, la psicología criminal y los estudios sobre desistimiento del delito.

Las políticas públicas en materia de seguridad no deben construirse únicamente desde la percepción del problema, sino desde el conocimiento científico de las causas de la reincidencia.