El derecho de petición y pronta resolución en Costa Rica
El derecho de petición y pronta resolución en Costa Rica
El derecho de petición y pronta resolución es un derecho fundamental garantizado en la Constitución Política de Costa Rica y la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El derecho es la facultad que se otorga a los ciudadanos de dirigirse a las autoridades para hacer una solicitud de información o trámite y lograr una resolución en el plazo establecido para ello. A continuación detallo cada una de las referencias a las fuentes legales citadas:
Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica:
Este artículo regula el derecho de petición y la resolución pronta del mismo en los siguientes términos:
«Los habitantes de la República tienen derecho de dirigirse, individual o colectivamente, a los poderes públicos para la expedición de leyes o la adopción de medidas de interés público, y a obtener pronta resolución.»
Establece que toda persona puede elevar peticiones a las autoridades y estas últimas tienen la obligación de contestar pronta y debidamente. Este es un derecho básico del que se deriva el derecho a la participación y a la publicidad de la administración pública.
Párrafo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135):
La Ley de Jurisdicción Constitucional prevé y regula el derecho de petición y su pronta tramitación. En su artículo 32, establece:
«Toda persona tiene derecho a solicitar a las autoridades y servidores públicos, en el ámbito de su competencia, información de cualquier índole, en los términos que fije la ley respectiva, y a acceder a dicha información. El derecho de acceso a la información se podrá restringir por razones de seguridad o de interés público.»
Este artículo lo que hace es ampliar el derecho que ya estaba consagrado en la Constitución, pues ahora no solamente se reconoce que toda persona puede solicitar información, sino que también se aceptan solicitudes por interés personal o general, y las autoridades están obligadas a responder de manera inmediata y proporcionar información de manera adecuada, siempre que esta no sea de las que se consideran bajo resguardo como secretas o confidenciales.
Significado y Utilidad:
El derecho de petición y pronta resolución tiene el significado y la utilidad de hacer:
Transparencia: Es una herramienta principal para lograr transparencia en la administración pública a través de la cual las autoridades son obligadas a responder a las solicitudes de los ciudadanos.
Participación Ciudadana: Es una herramienta de participación de los ciudadanos en asuntos públicos a través de la cual pueden aportar a la toma de decisiones y la formulación de políticas.
Acceso a la información: Garantiza el derecho de un individuo a acceder a la información que es necesaria para su vida y derechos, mejorando la democracia y permitiendo que los ciudadanos tengan el control de su gobierno.
Protección de derechos: Ofrece a los miembros de la sociedad la oportunidad de proteger sus propios derechos e intereses que, al presentar una queja, sugestión o pedido a la autoridad respectiva, serán reconocidos.
Brevemente, es un derecho fundamental para el diálogo saludable y transparente entre los ciudadanos y el gobierno por el cual los ciudadanos pueden exigir una respuesta correcta y oportuna de la autoridad a sus solicitudes y requerimientos.
Plazo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135):
La Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135) de Costa Rica establece un plazo máximo en el cual las autoridades están obligadas a resolver las solicitudes de los ciudadanos. Este plazo se encuentra en el numeral 32, que es el siguiente:
Numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:
«Toda persona tiene derecho a exigir a las autoridades y funcionarios públicos, en forma individual o colectiva, información de cualquier naturaleza que no esté legalmente calificada como secreta o confidencial, a formular solicitudes respetuosas en interés propio o en interés general, y a obtener pronta resolución. La autoridad requerida deberá resolver la petición dentro del plazo máximo de diez días hábiles.»
Plazo de Resolución:
Diez días hábiles: Las autoridades y funcionarios públicos tienen un plazo máximo de diez días hábiles para resolver las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
Importancia del Plazo:
Eficacia y Eficiencia: El propósito de este plazo es asegurar que las autoridades sean eficientes y oportunas en la entrega de servicios a las personas, y que no se malgaste demasiado tiempo en las solicitudes y necesidades de las personas.
Transparencia: Favorece la transparencia en el gobierno corporativo mediante la entrega de respuestas claramente comprensibles y a tiempo por parte de las.
Protección de Derechos: Se asegura de que las personas sean capaces de ejercer plenamente el derecho a la información y el derecho a participar en los asuntos públicos.
En el caso de que un ente no dé una respuesta en el plazo respectivo, se tiene derecho a litigar y alegar el derecho de petición y la resolución inmediata, que puede ser, entre otros, a través de un amparo en la Sala Constitucional.
